Declaración Pública por el derecho a la protesta social y #NoMasRepresión
Revolución Democrática surgió en el marco de las movilizaciones estudiantiles del 2011. Quienes integramos este movimiento tenemos una profunda convicción democrática y sentido republicano; nos interesa que el Estado sea fuerte y certero en la defensa y protección de los derechos humanos de todas y todos.
Condenamos enérgicamente los hechos ocurridos en el marco de las manifestaciones del 21 de mayo que dejaron a dos estudiantes gravemente heridos y cuyo derecho a la vida y a la integridad personal han sido abiertamente vulnerados y denunciamos la desprotección que la ciudadanía movilizada enfrenta en este y otros casos del ejercicio del derecho a la protesta social.
Creemos que organismos del Estado como Carabineros deben resguardar el orden público y no pueden incurrir en prácticas represivas como las que hemos apreciado estos días. Hay una responsabilidad institucional que debe ser investigada, se deben revisar procedimientos y luego, considerar las recomendaciones y estándares que han sugerido organismos competentes para prevenir el abuso policial. En estos casos en particular, de los estudiantes Rodrigo Avilés y Paulina Estay, quienes han usado fuerza desproporcionada contra ellos y métodos disuasivos violentos deben ser sancionados y sacados de sus funciones con prontitud. No es suficiente el anuncio que ha hecho Carabineros respecto a tomar medidas disciplinarias para los dos funcionarios que agredieron a Paulina Estay; la responsabilidad también debe ser aplicada a quienes están al mando de estos procedimientos.
Estas prácticas no son nuevas. Vienen siendo denunciadas hace bastante tiempo y pareciera que no han podido erradicarse. Informes de Derechos Humanos de diversas instituciones especializadas como Amnistía Internacional, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, el Instituto Nacional de Derechos Humanos e incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han alertado sobre este tipo de prácticas, han señalado que el actuar policial ha sido abusivo frente a quienes ejercen su derecho a la protesta social.
Es casi una constante que Carabineros no sea capaz de distinguir quienes efectivamente comenten actos delictuales en el marco de las manifestaciones de quienes pacíficamente se expresan, siendo estos últimos la inmensa mayoría.
Resguardar el orden público no debe ser fundamento para cometer acciones donde la fuerza desproporcionada pone en riesgo la vida e integridad de los manifestantes. Las instituciones armadas como Carabineros están llamadas a desarrollar un trabajo permanente en su formación sobre derechos humanos. Su credibilidad está en juego cuando sus Fuerzas Especiales incurren en evidente abuso policial.
El 21 de mayo se anunció la creación del Ombudsman o Defensor ciudadano, institución que hace falta con urgencia porque fortalece la institucionalidad de derechos humanos y hace posible la defensa directa de la ciudadanía que se ve afectada en situaciones como las de Rodrigo o Paulina. Asimismo, las manifestaciones deben ser observadas por equipos competentes considerando protocolos que permitan advertir con oportunidad cuando los derechos humanos están siendo vulnerados y en qué circunstancias. Exhortamos al INDH a que cumpla su rol en esta materia con la responsabilidad que le corresponde a un organismo del Estado y que, de ajustarse a sus facultades legales, presente una querella contra quienes resulten responsables de las agresiones sufridas por los estudiantes el 21 de mayo.
El ejercicio democrático supone la manifestación y expresión de los movimientos sociales. El derecho a la manifestación debe ser entendido como la unión de dos derechos: libertad de expresión y libertad de reunión, derechos que están reconocidos en diversos tratados internacionales que Chile ha suscrito.
La tutela de los derechos fundamentales ha sido una conquista progresiva donde nuestro país ha debido enfrentar una larga dictadura que dejó huellas profundas al punto de debilitar las bases que sustentan los derechos humanos. Todos estamos llamados a contribuir a la convivencia pacífica y respetuosa de las diferencias. Quienes resguardan la seguridad interior del Estado y el orden público deben respetar los derechos humanos de quienes nos manifestamos pacíficamente por una sociedad más justa e igualitaria.
Si bien autoridades han expresado su preocupación y han dado señales en la dirección correcta en especial al señalar que las querellas deben llevarse en la justicia civil, como corresponde en un Estado de derecho.
Falta un pronunciamiento contundente respecto a la responsabilidad que le cabe en este tema al Ministerio del Interior y al general director de Carabineros. Esperamos de ellos un pronunciamiento claro y un actuar decidido, expulsando de las respectivas instituciones a quienes resulten culpables de los hechos de abuso de poder y represión inaceptable e instruyendo las medidas administrativas necesarias para que hechos como los del pasado 21 de mayo no vuelvan a repetirse.
Como Revolución Democrática adherimos a la manifestación del próximo jueves a las 19:00 hrs. en todo el país para decir junto a miles #NoMásRepresión.
Declaración Pública por el derecho a la protesta social y #NoMasRepresión
